Aplicar justicia es su reto diario. Cuatro miembros del poder judicial comentan su trabajo y rechazan las críticas con el argumento de que “solo aplican la ley”.

Aparecen a diario en los medios de comunicación y son tema de conversación en reuniones sociales. Ellos sienten que ahora más que nunca están expuestos a la crítica. Por su trabajo unos los aman y otros los odian. “Siempre habrá alguien contento y alguien disconforme tras un fallo judicial”, alega la jueza tercera de Inquilinato y Relaciones Vecinales, Katty Delgado.

Para Ángel Rubio, juez primero de Garantías Penales, la animadversión creció tras las reformas al Código Penal de marzo del 2009.

Los asambleístas dicen que los jueces son responsables de que no se dicte sentencia y al año los presos puedan salir. De “2.800 presos sin sentencia que salieron por falta de celeridad en la justicia, la Policía ha recapturado a 168 personas” por los mismos delitos, señala el jefe de Policía del Regimiento Guayas Nº 2, Juan Ruales.

Los jueces sostienen que cumplen la Ley, no la dictan. Cuatro de ellos enfrentan las críticas y cuentan sus experiencias.

CARMEN VÁSQUEZ
‘Jamás he metido preso a mi esposo’
Cuando viaja con su familia prefiere ir al volante. La jueza primera de Tránsito Carmen Vásquez afirma que se siente más segura cuando ella conduce. Su esposo y sus dos hijos, ya adultos, lo saben.

“Vivo psicosiada con tantos partes de accidentes de tránsito que leo”, justifica esta mujer cuyo aspecto más bien jovial no se identifica con los comentarios que se escuchan en los pasillos de los juzgados, en oficinas de abogados y hasta entre choferes de Guayaquil.

“¡Ah!... es la jueza que tuvo preso a su esposo”, comentaron varias personas al escuchar que se la buscaba para esta entrevista.

“Jamás. De ninguna manera, ese es un rumor que vengo escuchando a través de los años pero de ninguna manera es así”, aclara la jueza y añade: “Creo que lo dicen personas de la misma institución de tránsito”.

A su criterio, esta historia surge como una manera de reflejar que sus sentencias son rigurosas sin importar el nivel económico o social de un infractor. “Ellos ven que la ley se cumple en el juzgado, entonces dicen de la jueza ‘incluso con su cónyuge pasó tal o cual cosa’, pero eso es una leyenda urbana”. Aclara que legalmente sería imposible que pueda juzgar a un familiar; si se diera el caso –como ocurrió con su hermano hace tres años, que estuvo involucrado en un choque ligero–, ella debe inhibirse de tratarlo.

También desmiente que sea más firme con quienes conducen en estado de embriaguez, porque su hijo sufrió un accidente de tránsito a causa de uno de ellos.

Enfatiza que cumple y hace cumplir la ley y siente que así se percibe su trabajo, porque en las calles –relata– incluso los conductores de buses la reconocen, la saludan y le ceden el paso.

Orgullosa de su entorno, asevera que sus amigos no se atreverían a pedirle ‘favores’.

Recuerda que en sus inicios, hace 17 años, un abogado intentó coimarla y salió corriendo de su despacho cuando a gritos ella pedía que lo detuvieran. A este acontecimiento atribuye ‘su fama’, que a su juicio es respeto.

Le molesta que cuando se habla del poder judicial se generalice. Lo óptimo, a su criterio, es que si hay alguna queja se la ponga ante el Consejo de la Judicatura, porque de lo contrario se daña a la institución y los responsables de una irregularidad quedan impunes, en medio de una nube de escándalo.

ÁNGEL RUBIO
‘Perdí la visa por un fallo’
Todos los caminos conducen a Roma. Ese viejo adagio aplicado a Ángel Rubio, el juez Primero de Garantías Penales y presidente de la Fenaje, se traduciría en que todas sus rutas lo llevan al Poder Judicial. Su vida ha estado vinculada a este sector hace más de 30 años y no se ha librado de peligros y cuestionamientos.

Prefiere no hablar directamente de amenazas o de que haya sufrido atentados, aunque señala: “Mi trabajo ha sido riesgoso, pero he sido bendecido de Dios. Definitivamente es un trabajo que trae riesgos y hay que enfrentarlos”.

Refiere que los jueces no tienen garantías de custodio en el ejercicio de sus funciones y recuerda casos de colegas que en Esmeraldas y Quito “han sido sacrificados en su vida” tras emitir un fallo.

Como especialista del área penal está consciente de que no todos estarán satisfechos en una sentencia, incluso la parte acusadora tras un fallo que sentencia al otro sector no queda a veces conforme, pero enfatiza que “la sociedad debe respetar los fallos de los jueces, confiar en que el juez es un académico”.

Ángel Rubio reconoce que en el 2006 le fue retirada la visa americana, pero aclara que no fue por una investigación por enriquecimiento ilícito como se dijo en su momento, sino por un fallo que dictó como juez penal, dando paso a una acción de protección presentada por una empresa competencia del viagra. Agrega que Estados Unidos pensó que su sentencia afectaba los intereses de la firma productora en ese país del producto y le retiró la visa.

Rubio explica que actuó apegado a la ley que establecía la protección, porque un poco más de un año atrás la competencia argentina había planteado la patente al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y este no se pronunciaba, por lo que como juez, por silencio administrativo, debía resolver la inscripción.

La Corte Constitucional, dice, ratificó su actuación hace dos meses, “entonces que les quiten la visa americana a todos los miembros de la Corte Constitucional que en pleno le dieron la razón a esta empresa argentina. Así son las injusticias de la vida”.

Pero no es lo único que ha enfrentado. Una constante en su gestión han sido las acusaciones de que está vinculado al Partido Social Cristiano (PCS). Rubio es firme al respecto: “Las cosas son muy definidas, yo ingresé a la Función Judicial por mis propios méritos y sin la ayuda de absolutamente nadie. Nací en la función pública y judicial antes de que exista la era socialcristiana, por lo tanto no puedo estar vinculado a ellos.
En el transcurso del tiempo me correspondió conocer a autoridades de toda índole, como hoy me correspondió el tema de las pancartas contra el presidente (Rafael) Correa, lo cual no quiere decir que yo pueda estar vinculado a partido político alguno porque además la ley me lo prohíbe”.

Siendo fiscal a él le correspondió seguir una denuncia en los años ochenta contra el gobernador del Guayas, Juan Pablo Moncagatta, acusado por el diputado León Febres-Cordero de irregularidades en el caso Santay. Él aclara que la frecuencia de ver en ese entonces al ex presidente no lo vinculan a él porque a lo largo de su vida profesional ha recibido visitas de muchas personas involucradas en procesos y también ha conocido autoridades pero de ninguna manera eso compromete su trabajo.

La misma aclaración utiliza para explicar las fotos que en su despacho se exhiben junto a la asambleísta del oficialismo María Paula Romo y el ex asambleísta Julio Logroño (fallecido), durante una visita a la actual Asamblea como representante de su gremio para defender la estabilidad judicial, pero no hay amistad de por medio, insiste.

Precisamente refiriéndose a acusaciones que se hacen al Poder Judicial anota: “Antes el juez penal investigaba el delito y al responsable, pero los asambleístas y la Constitución nos convirtieron ya no en juez investigador sino en un juez de garantías constitucionales. Ahora el juez es un invitado de piedra”, agrega respecto a que su rol cambió y “hoy el juez es quien cuida que el infractor tenga un debido proceso”.

Rubio, quien inició su carrera como comisario provincial de salud en 1977, afirma que en el marco de sus modificadas funciones, “es una irresponsabilidad atribuir la responsabilidad de la inseguridad a los fiscales jueces o policías”. Comenta que el juez utiliza las herramientas jurídicas, las leyes y normas que dictan los asambleístas o la Función Legislativa.

KATTY DELGADO
‘No hablo de justicia en reuniones’
Con 30 años en la Función Judicial y 12 como jueza segunda de Inquilinato y Relaciones Vecinales, Katty Delgado se declara orgullosa de haber llegado al cargo a través del primer concurso de méritos y oposición que se hizo para esos juzgados en Guayaquil.

Corría el año 1980 cuando ingresó como secretaria de la oficina de citaciones y fue ascendiendo en la misma área hasta llegar a ser jefa. Por 18 años se mantuvo en citaciones. En 1998 obtuvo el cargo de jueza luego de rendir un examen. Con cierta nostalgia, Katty Delgado comenta que el año pasado renunció del Juzgado Primero Deysse Espinel de Alvarado, quien es la primera baja del grupo de cinco abogados que ganaron el concurso.

“Yo me he formado en la Función Judicial. He dejado 30 años de mi vida a esta institución, a la cual quiero mucho. Llegué aquí siendo una estudiante de derecho, me he formado aquí y lógicamente cualquier ataque que se efectúe contra la institución, contra mis compañeros jueces, así no sea a mi área, me afecta”, refiere al comentar los cuestionamientos que al sector penal se hace, especialmente por la liberación de presos que han cumplido un año sin sentencia.

Con firmeza, esta madre de dos odontólogos dice que los jueces aplican la ley, no la crean.

En el ejercicio de sus funciones ha tenido varias quejas en su contra, pero jamás ha sido sancionada ni con suspensiones y menos con una destitución.

Justifica las querellas que se han presentado porque al dictar una sentencia siempre hay alguien que se siente perjudicado y “muchas veces eso ha sido aprovechado por los abogados para quedar bien con sus clientes y ponernos quejas”.

No ha tenido amenazas y se dice afortunada de que las personas que acuden a su juzgado no son violentas. Aquí no se escuchan gritos ni recriminaciones, asegura.

Pausada en su hablar explica que aunque el nombre de los juzgados de Inquilinato se extendió con el título ‘y Relaciones Vecinales’, dándoles, entre otras potestades, las de resolver demandas sobre propiedades verticales desde marzo del año anterior, a su despacho no ha llegado ninguna querella de este tipo.

Explica que estas podrían incluir acciones de protección por vecinos que hacen escándalos o fiestas con frecuencia, afectando la tranquilidad de otros residentes en un edificio.

En promedio a su juzgado ingresan cuatro demandas de inquilinato por día. El 80% corresponde a mora de pago por más de dos meses. Lo que llama la atención de la jueza es que desde el año anterior no solo corresponden a sectores de clase media sino que se han ampliado a zonas exclusivas como Puerto Azul y urbanizaciones cerradas, donde los cánones llegan a 800 y mil dólares mensuales.

Por su experiencia en citaciones y atendiendo al público asegura que no le afecta con facilidad el escuchar todo el día problemas relacionados sobre todo con la situación económica de los demandados, pero admite que siente dolor al dar una orden de lanzamiento (desalojo), aunque debe ser firme en la aplicación de la ley.

En reuniones sociales, esta jueza prefiere no opinar cuando se tocan asuntos legales porque podría interpretarse como prevaricato o como que ella está dando una postura de sentencia.

Dice que la aplicación de justicia no es fácil y que como cualquier ser humano puede equivocarse, pero todos los jueces buscan apegarse a la ley al dictar un fallo.

ALEMANIA CENTENO
‘Mi esposo quiere que renuncie’
A Alemania Centeno más de una vez su esposo le ha pedido que renuncie al Juzgado de la Niñez “porque dice que llevo problemas a la casa, dolores de cabeza, migrañas; porque aquí nadie te viene a contar cosas bonitas. Aquí viene gente con problemas”.

La jueza primera de la Niñez advierte así que su trabajo no es sencillo y asegura que en su actividad laboral su esposo, Alfredo Adum (PRE), no ha movido influencia alguna y que además él ya no es político.

Alemania Centeno lleva diez años en los juzgados de la Niñez y estuvo otros cinco en la Registraduría de la Propiedad de Los Ríos. No obstante, recuerda que su carrera judicial la inició al poco tiempo de graduarse de abogada cuando aceptó – por insistencia de su padre– el cargo de comisaria de la Policía que le ofrecieron en Balzar.

Considera que su trabajo actual es especialmente delicado porque sus decisiones influirán en el futuro de niños. “La probidad es para mí una de las características principales que debe tener un juez, porque aquí no se puede negociar nada, la gente piensa que aquí se puede negociar y está muy equivocada. Si algún juez lo hace no sabe lo que está cometiendo... es un delito que el de arriba se lo está viendo..., porque imagínese negociar con el futuro de un niño, porque aquí no solo hay alimentos sino también tenencias”, menciona.

En sus fallos asegura que aplica lo que ella llama la sana crítica. Así justifica que en ocasiones se imponga el mínimo de 60 dólares como pensión alimenticia a un padre. Es que la ley dice que los dos deben compartir esta responsabilidad, entonces la madre también debe trabajar y aconseja hacerlo a quienes acuden a su juzgado. Hay que pensar que a veces no es una sola carga familiar, así sean de diferentes compromisos, y con sueldos tan bajos como 218 dólares se tiene que considerar que tengan una vida digna todos los niños.

Elegantemente vestida, la jueza y madre de un abogado refiere que le gusta vivir bien y por ello cuida que sus sentencias vayan dirigidas a dar la mejor vida posible a los menores. Por ese motivo también dice que será la última en pasarse a las oficinas que los juzgados de la Niñez están ocupando en el Palacio de Justicia, ya que debe adecuar su espacio.

Revela que a veces evita decir que es juez porque en la actualidad hay muchos ataques a este sector. Argumenta que estos se presentan “porque nadie se ha puesto a explicarle a la gente cómo funciona, cuál es el procedimiento... usted sabe... la policía coge al delincuente, hay un parte; viene el fiscal que hace un informe, luego viene el juez y entonces toda la culpa cae sobre el juez”. Comenta que el parte e informe pueden venir con errores y esa es la documentación con la que cuenta el juez.

Añade, sin embargo, que sí está de acuerdo en que se debe cambiar a muchos jueces pero con una moralización real.

La Jueza Primera de la Niñez ha tenido momentos amargos en su cargo. En el 2002 ella fue destituida por una acusación de falsificación de documentos para permitir la salida de un menor del país. Centeno cree que eso fue fraguado, que es producto de la maldad y la envidia y prefiere no nombrar al personaje -político- que cree es responsable de aquello. No obstante, dice que en esa época no estaba casada con Adum y sola le tocó enfrentar también un proceso judicial por la misma causa. Fue sobreseída por la justicia y restituida a su cargo pero, añade, el daño moral que le causaron fue muy grande.